El aumento de ocupación en lo que conocemos como “economía sumergida” es uno de los rasgos que caracterizan el empobrecimiento progresivo de las condiciones laborales desde el comienzo de la crisis. Una precarización que no presenta visos de cambio en un modelo social que protege al empresario en claro detrimento del trabajador.
España se sitúa en la mitad de la lista de países europeos con mayor incidencia, con un valor de actividades no gravadas creciente con el paso de los años y que actualmente equivale aproximadamente al 20% del PIB, sólo superado por Grecia, Italia y los países del este, como Bulgaria, Rumanía o Croacia. Estas cifras suponen más de 210.000 millones de euros al año que no tributan y afectan alrededor de cuatro millones de personas en el estado español.
Además del fraude fiscal y laboral que tiene asociado, el trabajo no declarado supone a largo plazo la desprotección laboral, económica y social del trabajador, pues no podrá percibir ingresos en caso de baja, indemnizaciones por despido, subsidio por desempleo o pensión de jubilación. Y, por si fuera poco, los trabajadores en este régimen, al carecer de los derechos fundamentales del trabajador, ven severamente mermadas sus condiciones laborales.
Uno de los sectores más afectados, especialmente en Elche y alrededores, es la industria del calzado. Concretamente, y al estar el tejido productivo en este sector sexualmente polarizado, el colectivo más castigado es el de las aparadoras, que desde hace décadas desarrollan su actividad en sus propios domicilios en unas condiciones de precariedad insoportables y totalmente aisladas y desprotegidas; o en talleres, legalizados o no, donde las jornadas laborales se prolongan según las necesidades puntuales de producción y las horas acordadas por contrato no llegan en muchos casos ni a la mitad de las que realmente se desempeñan.
Las cifras son escandalosas, obteniéndose estimaciones de un 88% de la producción de aparado en negro, lo que a su vez implica a 8874 personas desarrollando su actividad laboral sumergida sólo en Elche, de los cuales el 83% son trabajadoras.
Muchas son las iniciativas que el gobierno pretende poner en marcha para reducir la economía sumergida y paliar así sus efectos deletéreos a nivel fiscal y laboral. Sin embargo, la experiencia nos dice que la inactividad por parte de este y la certeza de que los puestos de trabajo afectados son perfectamente regulables, nos obliga a unir fuerzas. Juntos/as seremos capaces de comprender la base en la que se asienta este sistema de explotación para, eventualmente, exigir que se cumplan todos y cada uno de los derechos fundamentales de los/as trabajadores/as.
¡Organízate y lucha para combatir la explotación en el sector del aparado!
