No hace mucho tiempo, la administración pública era un oasis de estabilidad laboral dentro de la tempestad que se vivía en el sector privado. Cuando a uno lo contrataba el ayuntamiento de su ciudad o cualquier otra administración se daba por hecho que como mínimo se cumplirían escrupulosamente las leyes y los convenios colectivos lo cual ya era mucho más que lo que se podía encontrar en el sector privado. Esos tiempos pasaron. Recientemente el Ayuntamiento de Alicante se lanzó a la contratación de 172 jóvenes menores de 30 años en paro dentro del programa “Plan de Garantía Juvenil Europeo”, a través del cual el SERVEF a cargo de fondos europeos incentiva la contratación subvencionando con un dinero casi la totalidad del salario del empleado y bonificando la cuota patronal en dos puntos. A cambio el Ayuntamiento recibe a trabajadores/as jóvenes muchos de ellos con alta cualificación académica que acceden a un contrato en prácticas durante un año en el que trabajarán por el 60% de su misma categoría. No es un mal negocio para una administración que tiene restringidos los gastos y la contratación para suplir la falta de personal con becarios/as en estas condiciones. Sin embargo, el Ayuntamiento ha ido más lejos. Ha interpretado, que lo que debemos ganar no es el 60% de lo que gane un trabajador/a de nuestra misma categoría, sino que es el 60% del dinero que el SERVEF les da por tenernos contratados y con el resto del dinero se paga la cuota patronal.

Conclusión trabajadores/as de relevo a coste 0.

Menudo gobierno de progreso